Después de muchos años pidiendo que se agilizaran los trámites procesales para poder expulsar rápidamente a los inquilinos que no pagan la renta sin justificación alguna, se ha conseguido que se reforme profundamente la ley en ese sentido. En resumen, se equipara el procedimiento al monitorio: eso quiere decir que, una vez presentada la demanda solicitando la resolución del contrato de arrendamiento (desahucio) y el pago de las rentas impagadas, lo primero que se hace, en vez de citarle a juicio, como hasta ahora, es conceder al arrendatario un plazo de 10 días para que se oponga al desahucio y, si no lo hace en ese plazo, directamente se le expulsa de la vivienda o local (es decir, se procede al lanzamiento). Esto supone un gran avance en la práctica en la que muchos arrendatarios no comparecían en los juicios, por ello, tampoco contestan al requerimiento con lo que se agiliza bastante el proceso. En caso de oponerse al desahucio lo tiene que hacer por escrito en ese plazo mediante abogado y procurador, señalándose entonces el juicio. Por otra parte, se mantiene la posibilidad de enervar el juicio por una sola ocasión y si el arrendatario solicita abogado y procurador de oficio lo tiene que hacer en los tres siguientes días a serle notificada la demanda. Esto último también es un gran avance en la práctica, en la que muchas veces el arrendatario solicitaba el nombramiento de abogado y procurador de oficio en el mismo acto del juicio lo que obligaba a suspenderlo y señalar nueva fecha para que se celebrara, lo que retardaba mucho el juicio por el gran nivel de retraso que tienen los Juzgados.

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